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Comunicados

Marina de Guerra del Perú – Instituto Nacional Penitenciario Comunicado Conjunto

Nro. 1 - 2021

Tras la investigación preliminar sobre la información propalada ayer respecto a comunicaciones telefónicas del interno Vladimiro Montesinos Torres del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao, se pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

1.  El CEREC funciona desde 1993 y su funcionamiento se encuentra regulado por el Decreto Supremo 024-2001-JUS. El INPE preside el Comité Técnico y es responsable de la ejecución presupuestal y la Marina de Guerra del Perú custodia a los internos.

2.  El CEREC cuenta con una línea telefónica fija, proporcionada por el INPE. El Reglamento del CEREC señala que los internos pueden tener comunicación telefónica de manera excepcional con sus familiares y abogados, siempre y cuando no se vulnere la seguridad nacional. Los internos deben solicitar esta autorización con la debida anticipación.

3.  El 28 de mayo último, el interno Montesinos Torres solicitó autorización para llamar los días 10 y 23 de junio a su pareja, quien está debidamente identificada al igual que su número telefónico. La autorización fue concedida por el jefe del CEREC.

4.  Ayer 24 de junio se difundió a través de las redes sociales y medios de comunicación, extractos de llamadas telefónicas que habría realizado el interno Montesinos Torres los días 10 y 23 de junio en las que conversa con personas que no están registradas ni autorizadas.

5.  Al respecto, se ha dispuesto iniciar una investigación para determinar si habría responsabilidades en el personal del CEREC. En adición, está en proceso una investigación sumaria al interno Montesinos, según lo establece el reglamento del CEREC y lo dispuesto por el INPE. Mientras tanto, el interno no podrá realizar ninguna llamada telefónica.

6.  La Marina de Guerra del Perú y el INPE ratifican que cumplen rigurosamente todas las disposiciones vigentes para el funcionamiento del citado centro de reclusión, lo que, en el marco de la transparencia y legalidad de los actos institucionales, puede ser verificado y comprobado con autorización de las autoridades competentes.

 

Lima, 25 de junio de 2021.